Los reincidentes…

No resultan nada novedosas las declaraciones hechas por el Ex secretario Adjunto para América Latina Roger Noriega. En su audiencia ante el Congreso de los Estados Unidos, el funcionario declaró que :

“De acuerdo con un colega mío que supervisa las actividades en Venezuela, un oficial militar venezolano informó a la policía de Estados Unidos en mayo de este año, que personal militar cubano coordinado directamente por el General Luis Alberto López-Callejas, yerno de Raúl Castro, está directamente involucrado en el contrabando de cocaína por el puerto de Guaira hacia Europa y África Occidental.”
Los vínculos del gobierno cubano con el narcotráfico se remontan a finales de los años ’70, pero no es hasta 1989 cuando salen a la Luz los hechos conocidos como la causas número uno y dos, que involucró a altos mandos del ejército y la seguridad del estado en operaciones de contrabando y tráfico de drogas, provocando un revuelo internacional, involucrando a nombres de la talla de Gabriel García Marques, a quien se le acusó de servir como intermediario entre los Castro y Pablo Escobar. Marques era íntimo amigo de uno de los implicados: el General Antonio de la Guardia.
Fidel por su parte montó un circo mediático, con el objetivo de exculparse de toda responsabilidad, así como para desviar la atención de la DEA, la cual durante el gobierno de Ronald Reagan había seguido la pista a estas operaciones, llegando a tener en su poder pruebas contundentes relacionadas con el uso del territorio y espacio aéreo cubano para introducir drogas a territorio estadounidense. Durante un mes fueron televisados los juicios, donde fueron mostrados grupos de oficiales y civiles, supuestamente culpables de semejantes “actos contrarrevolucionarios”.

Debido al secretismo del gobierno cubano, es muy poco lo se sabe con relación a lo ocurrido, resulta casi imposible, obtener alguna información o realizar una investigación profunda sobre los hechos y personajes envueltos en esta trama.

A causa del constante estado agónico de la económica cubana desde 1959, Cuba creó un Departamento llamado “MC”, con el objetivo de burlar el embargo de los Estados Unidos, y la obtención de divisas extranjeras. Esta oficina estaba dirigida por altos oficiales del Ministerio del Interior ( MININT), los cuales a través de esta entidad en Panamá comercializaban habanos, objetos de artes, marfil, diamantes traídos de Angola y artículos sancionados por el embargo. Durante los años ochenta, el gobierno cubano buscaba la manera de aumentar los ingresos que esta entidad reportaba , el “MC”, con la anuencia y respaldo de los hermanos Castros establecieron acuerdos con el Cartel de Medellín, a los cuales se les aseguró el uso del espacio aéreo y el territorio nacional para felicitar sus operaciones. Los cazas MiG de las fuerzas aéreas fueron utilizados para escoltar las avionetas que transportaban la droga hasta aeropuertos cubanos, para ser luego enviada a Miami, mediante el uso de lanchas rápidas.

El 13 de julio de 1989 por decisión de un tribunal militar, fueron fusilados, las principales figuras involucradas:
El General de División de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Arnaldo Ochoa Sánchez, el General Patricio de la Guardia; (su hermano gemelo el coronel Antonio de la Guardia fue condenado a 30 años de carcel), el capitán Jorge Martínez Valdés y el mayor Amado Padrón.
Según la nota del periódico Granma ( órgano oficial del comité central del partido comunista), se les acusó entre otras cosas de conspirar y transportar seis toneladas de cocaína vía Cuba, por el pago de 3,4 millones de dólares, así como traficar ilegalmente diamantes, marfil y utilizar el espacio aéreo, el suelo y las aguas cubanas para actividades de narcotráfico, dañando la imagen del comandante en jefe y a la Revolución. La purga se extendió a todas las esferas del gobierno, fueron cesados decenas de oficiales, y funcionarios que de una forma u otra tuvieron participación en las operaciones o tenían alguna relación con los acusados.
Meses después se abrió un nuevo proceso judicial conocido como la causa número dos en contra del antiguo jefe de la seguridad personal de Fidel Castro, el General de División José Abrantes, se le acusó de abuso de poder, negligencia , uso indebido de recursos financieros y ocultación de información. Lo condenaron a 20 años de prisión en agosto de 1989.

José Abrantes era ministro del Ministro del Interior en el momento en que estuvo involucrado en operaciones de tráfico de drogas, por lo que es muy sospechoso que su jefe inmediato Fidel Castro no tuviera conocimiento de lo que estaban haciendo sus subordinados. Años después, Abrantes moriría bajo dudosas circunstancias durante su tiempo en prisión.
Familiares y amigos cercanos de los acusados, aseguran que Fidel y Raúl Castro estaban al tanto de lo que estaba sucediendo, y que se les prometió salvar sus vidas a cambio de asumir toda la responsabilidad. Patricio de la Guardia (hermano gemelo de Antonio de la Guardia ) quien fue liberado de su condena en los años ’90, es el único testigo que pudiera revelar más información sobre lo acontecido, pero según fuentes confiables, la seguridad del estado ha mantenido una constante vigilancia sobre él y su entorno.

No es secreto el conglomerado financiero que existe dentro de las Fuerzas Armadas cubanas, el cual es dirigido por el yerno de Raúl Castro, así como del control e influencia que tienen los órganos de la la inteligencia cubana en Venezuela y en otros países de Latinoamérica.
Altos dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro también han sidoacusados de tráfico de drogas , por diferentes organismos internacionales, no me sorprendería que se relacione el apellido Castro una vez más, en hechos de dudosa legalidad, como una especie de tradición de familia.
Pareciera ser, que las drogas no sólo generan adición a quienes las consumen, sino también; a los que se lucran con ellas.